Los índices de obesidad en Chile son alarmantes. Esto porque según el último informe sobre obesidad y sobrepeso de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Chile figura como el tercer país con mayor incremento de la obesidad entre los jóvenes de 5 a 19 años, siendo superado solo por Estados Unidos y Arabia Saudita.
Incluso, otro estudio de la Universidad de Chile, advierte que el costo económico promedio atribuible al sobrepeso y la obesidad asciende a $455 mil millones anuales. En esa línea, las personas obesas son 46% más costosas que quienes presentan un peso normal, tienen un 27% más de consultas médicas y presentan un 80% más de gasto en medicamentos.
La obesidad infantil y la mala alimentación de los chilenos es un problema donde los expertos asumen que se trata de una situación que no se puede revertir a corto plazo y ha sido catalogada mundialmente como uno de los problemas de salud pública más grande del siglo XXI. En un artículo, Lorena Rodríguez, académica de la Escuela de Salud Pública-Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, manifestó que “la evidencia científica ha determinado la importancia de trabajar en la modificación de los ambientes alimentarios considerando que la conducta alimentaria no depende únicamente de la decisión de cada individuo, sino que está determinada por el entorno que las rodea”.
Agregó que esta conducta también determina la oferta de alimentos que las personas tienen a su disposición y alcance en su vida cotidiana, “es decir la variedad de alimentos que se encuentra en el hogar, en supermercados, pequeñas tiendas, mercados, puestos ambulantes, comedores institucionales, restaurantes y demás lugares donde las personas compran y consumen alimentos. Un entorno alimentario saludable es aquel que genera las condiciones que permiten y promueven el acceso a dietas saludables”.
La investigadora destacó que “se requiere entonces que el Estado implemente medidas estructurales que faciliten las decisiones a los individuos, por ejemplo mediante leyes, regulaciones y medidas fiscales, como impuestos y subvenciones, que den sustento a campañas comunicacionales educativas”.
Por ello, comentó que “Chile es un ejemplo en el mundo con medidas innovadoras como el etiquetado frontal de advertencia ‘Alto en’, la regulación de publicidad dirigida a niños/as, la prohibición de venta de alimentos ‘Altos en’ en el entorno escolar y la aplicación de impuestos a bebidas azucaradas. Los resultados iniciales de estas políticas, son muy promisorios, pero es necesario proteger estas normativas de los intentos que realizan algunos por debilitarlas, y reconocer que la evidencia respalda su sostenimiento”.

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